Partimos de una experiencia personal como sobreviviente de tortura y como
luchador por los derechos humanos y defensor de la justicia ambiental en Honduras y Centroamérica. Se destaca la parte ambiental porque generalmente es soslayada por las organizaciones
locales e internacionales incluso cuando gran parte de los actos de tortura y desalojos violentos de indígenas y campesinos
están ligados de alguna manera a la defensa de la Madre Tierra y de la cultura.
La primera consideración sobre la defensa de los derechos humanos (DD.HH) y ambiente es que
son misiones de alto riesgo, ya que nos convierte en objetivo del sistema de violencia y por lo tanto se vive y se trabaja bajo el terror y la amenaza.
La segunda es sobre las implicaciones que tiene el defender los derechos humanos en un país donde más del 80 % de los habitantes ha sido despojado de sus derechos y a los que luchan porque se respeten,
se les estigmatiza, “como defensores de delincuentes y pandillas o enemigos
de la inversión económica o del desarrollo”.
La tercera se refiere a que todavía seguimos teniendo un enfoque reduccionista e individualista de los derechos
humanos ya que se enfatiza más en los hechos singulares pero muy poco en los
derechos colectivos y económico sociales de las familias y las comunidades.
Sin embargo, ya se trate de un caso singular de tortura o de una agresión
colectiva, golpizas, brutalidad policial o militar -ya sea oculta o en frente de las personas- causa inseguridad en las comunidades, tales hechos se observan en los desalojos violentos que ocurren en los pueblos indígenas, campesinos o en las poblaciones urbanas
llamadas “marginales”, las cuales son aterrorizadas por las incursiones
sorpresivas de policías o militares enmascarados cuyo impacto se refleja en el
terror y pesadillas; sobre todo
en los niños y niñas.
La cuarta
reflexión es que se requiere un enfoque más sistémico, histórico y ético que contextualice la situación de derechos humanos
y la articule a la dimensión internacional de la globalización y por consiguiente, que tome en cuenta las causas estructurales
económicas desiguales, sociales y políticas que explican la violencia y el acrecentamiento de la pobreza y la miseria.
La quinta reflexión es sobre nuestros métodos de trabajo como organizaciones
a veces aisladas, a veces abiertas al diálogo o a la construcción de redes y que sin ningún protagonismo promueven el desarrollo
de un trabajo más positivo y real. En este sentido, se reconoce el esfuerzo que
existe por realizar actividades conjuntas
y solidarias entre las organizaciones vigentes por la defensa de DD.HH.
La sexta se refiere a la necesidad de una mayor confiabilidad,
validez y sistematización de los datos sobre las violaciones de los DD.HH. La investigación de casos demanda utilizar metodologías creativas e innovadoras que no están en los marcos tradicionales de las encuestas
o entrevistas formales.
Existen las limitaciones
en la obtención de los datos porque no existe transparencia, se oculta o distorsiona información y las fuentes no son confiables
por la falta de credibilidad y la existencia de corrupción entre los cuerpos policiales y militares.
Es frecuente en Honduras que en menos de 24 horas se tengan las pruebas de los culpables y los testigos generalmente
falsos y que días después se demuestre que la situación y las causas del crimen eran carentes de verdad y se tenga después
que inventar otra historia. En la mayor parte de los casos no son debidos a incapacidad técnica sino a decisiones que están
vinculadas a la corrupción y al mantenimiento de un sistema de impunidad. Lo anterior evidencia la falta de una investigación
criminal, responsable, científica y ética.
La
otra fuente de información es la que proviene de
las víctimas o sus familiares quienes con frecuencia niegan los hechos porque
son amenazadas, perseguidos, torturados y en algunos casos asesinados.
Estas reflexiones iniciales nos sirven para valorar con mayor profundidad ¿qué esta ocurriendo en Honduras en materia de derechos humanos? ¿Existe una situación igual o diferente a la década de los
años ochenta cuando estaba en apogeo la guerra centroamericana? O, por el contrario, ¿se ha producido una ruptura en lo que
fue la vieja Doctrina de Seguridad Nacional donde los perpetradores eran claramente definidos e identificados como miembros
del aparato represivo del Estado? ¿Existe
“la guerra entre nosotros” ocasionada por la globalización neoliberal? ¿Ha
o empeorado o no la violación de los DD.HH. con respecto a la década de los años ochenta?
El gobierno del Presidente Ricardo Maduro (2002-2005) se caracterizó por la guerra a la delincuencia, la
estigmatización de grupos juveniles organizados cuyas conductas son violentas
y que en forma degradante son llamados “maras”. Sin embargo, en este gobierno no se limitó el acceso de los organismos
de derechos humanos a las cárceles y se aprobó y ratificó el Protocolo Facultativo
Contra la Tortura, aunque sin concluir su formalización
ante las Naciones Unidas en Nueva York; no obstante de que ocurrieron masacres y genocidios en las cárceles.
Se incrementó, sin embargo, el asesinato impune de niños y jóvenes,
quienes en su mayor parte correspondían a las mal llamadas “maras”.
A raíz del Informe de la Relatora de las
Naciones Unidas, la presión nacional e internacional acerca del involucramiento de policías y militares en la muerte de jóvenes
el Gobierno de Maduro crea una unidad de prevención de la violencia contra menores
y la unidad de investigación del asesinato de menores adscrita a la Dirección
de Investigación Criminal. Esta última unidad fue prácticamente desmantelada por el gobierno actual.
La siguiente pregunta obligada es: ¿Ha cambiado la política sobre los
DD.HH., del Gobierno del Presidente Manuel Zelaya Rosales que se inicia en el año 2006, con
respecto al Gobierno de Ricardo Maduro?
Desde los años ochenta hasta el presente ninguno de los gobiernos ha declarado la verdad ni ha erradicado la impunidad en el caso de las y los “desaparecidos” y otras violaciones a
los derechos humanos. Durante la campaña electoral, el contenido de la propaganda
del nuevo gobierno estuvo nutrido de mensajes
referentes a la defensa de los derechos humanos, y se reconoció la necesidad de separar la Dirección
de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad, rehabilitar las “maras” y depurar los cuerpos policiales,
además de respetar la unidad de prevención de la violencia y asesinato contra menores.
Se tratará de sintetizar qué es lo que está ocurriendo con respecto a los DD.HH., y si existe una nueva o vieja política de Seguridad. A nuestro juicio existen nuevos elementos que bien
podríamos llamar, como lo dijo en un programa televisivo el actual ministro de la defensa, el abogado Arístides Mejía, quien expresó
que se trataba de una “nueva política”; que aquí llamaré la Nueva Doctrina de Seguridad Nacional de Honduras.
Esta Nueva Doctrina tiene algunos elementos de la vieja Doctrina; por ejemplo algunos miembros de los cuerpos
policiales y militares que estuvieron acusados de haber participado en actos de tortura y violación de DD.HH., tanto en la década de los años ochenta como en época más reciente ocupan cargos importantes en los aparatos
de seguridad. No existe un verdadero proceso de depuración tanto por actos de corrupción como de violación de los DD.HH.,
tanto en los cuerpos policiales como militares.
El proceso de reformas a las leyes, es más punitivas que rehabilitadoras. La estigmatización de las “maras”
todavía continúa y los delincuentes de cuello blanco siguen siendo privilegiados por
el sistema. Se reconocen los problemas que ocasionan el crimen organizado y la
corrupción pero no existe un plan concreto y específico para ayudar a resolver esta problemática.
¿Cuáles son los elementos en la Política de Seguridad que caracterizan esta nueva Doctrina? La re-militarización de los
cuerpos policiales, que se refleja con el nombramiento de un profesional militar en el cargo del ministerio de Seguridad,
a pesar de que existen profesionales egresados de la Academia Policial; mejores condiciones salariales militares en comparación con los policiales.
Los cuerpos policiales están obligados, a recibir órdenes y saludos militares, lo cual resulta, a todas luces humillante.
A pesar de que el ejército está entrenado para matar y participar en guerras y la policía en el manejo de la población
civil, tradicionalmente los gobiernos presentan en los medios de comunicación a los militares como los héroes en el control
de la delincuencia, exhiben los tanques de guerra y las armas pesadas para aterrorizar no sólo a los supuestos victimarios
sino a la población civil. El resultado de esta propaganda de los gobiernos “civiles”
paradójicamente es crear la imagen de la supremacía militar sobre la civil.
La remilitarización se observa también en el contexto centroamericano e internacional de la guerra. En el
envío de tropas mercenarias por parte del gobierno anterior a Irak y por el entrenamiento
supuestamente privado de militares y exmilitares, quienes fueron enviados como guardias de seguridad y posteriormente engañados
y obligados a ser mercenarios en Irak.
El caso de la creación del enemigo imaginario y la necesidad de justificar los gastos militares y la participación
del ejército en las presentes y futuras guerras sobre todo en el contexto latinoamericano: plan Colombia, y las acciones frente
a supuestas nuevas situaciones en Venezuela, Cuba , Bolivia, Haití; las reuniones
hemisféricas militares frecuentes en Honduras, el Salvador y Guatemala; la construcción de un muro y renovación de la base militar de Palmerola; la construcción de una instalación bélica estadounidense en La Mosquitia y la militarización de las Islas de la
Bahía, con el pretexto de combatir el narcotráfico y el envío de tropas hondureñas a Haití, aduciendo razones
de apoyar a los cuerpos represivos de este
país hermano contra las “maras” y enseñar las experiencias de Honduras en actos de genocidio en las cárceles y
la creación de leyes fascistas punitivas en contra de la juventud.
La remilitarización no es un fenómeno nuevo, propio del gobierno presente.
Es una institución que siempre ha mantenido o ha sido instrumento del poder ya sea nacional o transnacional; históricamente
ha sido autoritaria, represiva y desprestigiada por los privilegios, las violaciones a los DD.HH., la impunidad y la corrupción.
La única manera de recuperar su “prestigio”, el sistema es creando una ideología de garantes
de la “democracia”, de la paz, y de ser héroes en la guerra contra la delincuencia y particularmente con los nuevos enemigos que ya no son los subversivos, sino las “maras” a las cuales se les
responsabiliza de los mayores desastres sociales y de la violencia, aun cuando en los actos delincuenciales y de agresión
están involucrados los cuerpos policiales militares, exmilitares, narcotráfico y delincuentes de cuello blanco. Las “maras” son grupos juveniles segregados
de la sociedad, cuyas prácticas violentas son favorecidas por las drogas, el contrabando
y la promoción de la venta de armas. A esta juventud sólo
se le ofrece leyes represivas, cárcel, tortura y muerte y no un proceso de rehabilitación.
El problema de las “maras” puede ser explicado, aunque no en su totalidad, por el fenómeno emigratorio
que tiene una fuerte base en la economía política, en la guerra, en el extrañamiento cultural y en las políticas represivas.
En lo económico porque las relaciones económicas desiguales entre el Norte y Sur conducen al empobrecimiento,
a la negación de las fuentes de trabajo que al no existir en nuestros países los jóvenes migran hacia el Norte, donde son
sometidos a las políticas racistas, a las violaciones de los DD.HH., a la humillación,
al ultraje y a la pérdida de la dignidad e identidad cultural.
El otro “enemigo” para los cuerpos represivos, son los defensores de los DD.HH., y el medio ambiente
quienes son estigmatizados como “defensores de los delincuentes” y
por lo tanto “responsables de la violencia”.
La imagen creada en el subconsciente y conciente colectivo de los enemigos a los cuales es necesario limpiar
de la sociedad es promovida por
una campaña sistemática y financiada de propaganda por parte de los medios de comunicación social, en los que se justifica
la justicia por las propias manos y la normalización de la muerte. La idea que prevalece en la mayor parte de la población
es que hay que exterminar las “maras” y los niños y niñas pobres que ensucian la imagen del país. Por otra parte
la impunidad está al orden del día. Los medios anuncian desde hace varios años que autos con vidrios oscuros y sin placas
que los identifiquen asesinan a niños y niñas en las calles o en las comunidades pobres; o bien que sujetos enmascarados incursionan
en las casa de los pobres, secuestran a los jóvenes y después aparecen ajusticiados.
La tasa de homicidios de Honduras es la más alta de América Latina, sin embargo en la mayoría de los casos
no se sabe quién es el responsable de tales homicidios.
La remilitarización de la sociedad implica también la privatización
de la vida, el agua, la salud, la energía, la educación y también de las
fuerzas de seguridad que son los garantes de los DD.HH., del mercado, de las multinacionales y son instrumento de la represión
en contra de los indígenas, de los garífunas, los pobladores, los ambientalistas, los defensores de derechos humanos y sobre
todo los “sin derecho”.
Desde hace varias décadas el pueblo ha sido aterrorizado por las escopetas, rifles, pistolas de las empresas de seguridad que pagan bajos salarios a los guardias que custodian las gasolinerías, los bancos, las calles, las industrias mineras , los megaproyectos, los enclaves. También
generan pánico entre los afectados los operativos militares y policiales frecuentes de registro, durante los cuales
se detiene a las personas en forma ilegal por no portar la tarjeta de identidad o porque tienen tatuajes corporales. La privatización de la seguridad es alarmante, porque existen más guardias privados
que militares en servicio. Por otra parte de estas empresas de seguridad son dueños los militares, ex militares o miembros
y ex miembros de los cuerpos policiales.
Los sistemas represivos han entrado en el mundo de las mercancías. Existe una tendencia a privatizar las
cárceles. En el modelo de globalización todo se resuelve por un mercado que favorezca la acumulación histórica del capital.
Empresas privadas de otros países, desde hace muchos años entrenan a civiles y ahora quieren incursionar en las cárceles;
ya han entrenado a tropas mercenarias que han participado en Irak y desde luego están formando parte de la Nueva doctrina de la Seguridad Nacional.
El otro fenómeno violador de los DD.HH., es el sicariato, que aparece como algo oculto, invisible, realizado
por venganza; se culpa al narcotráfico, a los problemas de pareja, pero detrás de éste están los asesinos de dirigentes populares y ambientales. El sicariato
también fue utilizado en la década de los años ochenta y puede ser nacional o trasnacional. Es otra forma de privatizar la
muerte convertida en mercancía. El sicariato
o “matar por encargo” es un procedimiento ahora casi institucionalizado.
En el curso de este año nosotros denunciamos que estaban asesinando a la población
indígena tolupana en Yoro, a vista y paciencia de las autoridades locales. El precio era 10 mil lempiras por cada persona.
En esa comunidad las vacas habían desplazado a los humanos El sicariato casi siempre va acompañado de alguna manera de un
vinculo con sectores de poder o de la estructura represiva. Este modo de matar crea terror en las comunidades.
La falta de aprobación
y aplicación de una ley sobre la transparencia y el crecimiento del armamentismo, la corrupción y la distorsión de la conciencia de la población, la privatización de los derechos en función de las multinacionales
(tratados comerciales desiguales , TLC, concesiones mineras, bananeras, camaroneras bochornosas y de la acumulación histórica del capital) son elementos suficientes para crear un clima propicio donde
las víctimas son consideradas como los victimarios y los responsables de la situación de violencia quedan impunes.
Desde el punto de vista histórico podemos afirmar en forma categórica que no ha existido un momento en que hayan estado
ausentes el sufrimiento y el terror durante el colonialismo, neocolonialismo
y la globalización.
Presentamos a continuación varias definiciones y situaciones históricas sobre el terrorismo. De antemano expresamos nuestro
profundo rechazo a los actos terroristas. En nuestra filosofía de la esperanza es que nosotros como pueblos de América Latina
debemos luchar contra el terrorismo porque por siglos hemos estado sometidos a esta horripilante barbarie.
Si analizamos la definición de EUA podemos llegar a la conclusión de que como pueblos hemos estado sometidos al terrorismo. Dejamos constancia
que condenamos las acciones terroristas que se dieron el 11 de septiembre y en igual forma repudiamos las invasiones a Centroamérica,
Haití, y cualquier plan de guerra contra los pueblos de Cuba, Bolivia, Venezuela, y el Plan Colombia, la guerra en Irak, Líbano
y pueblo palestino.Somos partidarios que se respeten los derechos humanos de los norteamericanos, israelitas, árabes, palestinos,
libaneses , Africanos , europeos, asiáticos, australianos, latinoamericanos y cualesquiera de los ciudadanos y ciudadanas
del mundo entero. Hay que detener la maquinaria infernal de la guerra.
La estrategia terrorista siempre ha estado ligada a las invasiones de marines, a las guerras, a la utilización
del territorio hondureño en la preparación de torturadores, en aplicar los manuales de la CIA que fueron empleados en Irak y en Guantánamo. La violencia local actúa globalmente; allí están
los entrenamientos de torturadores en la Escuela de las Américas para demostrarlo.
Procedamos a la lectura de la definición de terrorismo por
parte del Norte:
Para propósitos del reporte Tendencias del Terrorismo Global la definición de terrorismo seleccionada
es la contenida en el Título 22 del Código de los Estados Unidos, Sección 2656f(d).
Ese estatuto contiene las siguientes definiciones:
• El término "terrorismo" significa violencia premeditada,
políticamente motivada perpetrada contra objetivos no-combatientes/*/ por grupos subnacionales o agentes clandestinos, generalmente
con la intención de influenciar a una audiencia.
• El término "terrorismo internacional" significa aquel que
involucra a ciudadanos o a territorios de más de un país.
• El término "grupo terrorista" significa cualquier grupo que
practica, o que tiene subgrupos significativos que practican el terrorismo internacional.
El gobierno de los
EE.UU. ha empleado esta definición de terrorismo para propósitos estadísticos y analíticos desde 1983. www.usembassy-mexico.gov/bbf/dossier_Terrorismo/bfterqsp.htm
- 9k - El secretario general de la ONU, Kofi Annan, y los expertos
de la ONU definen el "terrorismo": "Cualquier acto destinado
a causar la muerte o lesiones a un civil o a un no combatiente cuando el propósito de dicho acto sea intimidar a una población
u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". En la definición no
se recogen los actos contra militares o miembros de las fuerzas de seguridad. (Libertad Digital, 26 de mayo 2006).
En un artículo de
PERCY FRANCISCO ALVARADO GODOY del 3 DE SEPTIEMBRE DE 2004 se narra la articulación del terrorista cubano Posada Carrilles
en Honduras: “Sabido es ya que fueron vulnerados en apariencia controles migratorios de tres países: Panamá, Honduras
y Estados Unidos. En el primer caso, el gobierno panameño se prestó conscientemente a la salida de personas de Panamá haciendo
uso de documentos falsos, lo que constituye una clara violación de la ley. En Honduras, los cuatro terroristas vulneraron
los controles migratorios aparentemente mediante el soborno a funcionarios de Migración, lo que no excluye una autorización
al respecto por parte de autoridades gubernamentales de ese país. Y, por último, tres de ellos ingresaron a Estados Unidos
sin que se les haya enjuiciado por portar documentos falsos, delito contemplado en la legislación norteamericana”.
Favor ver el siguiente
comentario "Organizaciones vinculadas al terrorismo made in USA contra Honduras". Hay 1 artículo en esta categoría. ...
www.terrorfileonline.org/.../Categoría:Organizaciones_vinculadas_al_terrorismo_made_in_USA_contra_Honduras
- 12k -:
“Algunos miembros
del Batallón 3-16 recibieron entrenamiento en operaciones psicológicas y técnicas de «explotación de recursos humanos» de
instructores de la CIA, incluyendo ejercicios prácticos en los
que se interrogaba a prisioneros reales. Un artículo del New York Times que informaba de que los interrogadores hondureños
entrenados por Estados Unidos torturaban sistemáticamente a los prisioneros bajo su custodia puso en el punto de mira estos
entrenamientos en 1988. Este organismo operaba en colaboración con la FUSEP
y la DNI (Dirección Nacional de Investigaciones) en la eliminación
"de ****s las personas que causaran problemas a las Fuerzas Armadas de Honduras o que fueran incorregiblemente comunistas",
según explica un documento de un organismo de derechos humanos”.
Aspecto positivo en la historia de Honduras fue la creación del Ministerio
Público, mediante Decreto Legislativo No 228-93, vigente desde el 6 de enero de 1994,
bajo cuya dependencia estaba la Dirección de Investigación
Criminal. Sin embargo en el curso del tiempo ha existido una política de falta de apoyo y debilitamiento institucional del
Ministerio Público. La Dirección
de Investigación Criminal fue adscrita al Ministerio de Seguridad desnaturalizándose
el propósito de esta Dirección.
La remilitarización de los cuerpos policiales constituye un retroceso histórico en la lucha por los DD.HH;
en lugar de resolver el problema de la corrupción e integrar los cuadros honestos que fueron separados por su conducta ética
y respetuosa de los DD.HH., tal el caso de la Comisionada
María Luisa Borjas que fue destituida de su cargo durante el Gobierno de Maduro por denunciar la participación
de elementos de la policía y del ejército en el asesinato de jóvenes; pero que no ha
sido reintegrada por el presente gobierno y por el contrario fue despojada de
los derechos que le señala la ley. La re-militarización también contribuye aún más a debilitar la función policial
y a crear un escenario de “guerra” y no de interacción y respeto mutuo entre la policía y la sociedad civil. Con
esta decisión se obstaculiza cada vez más el proceso de construcción de una policía respetuosa de los DD.HH.
El feminicidio puede o no estar ligado al crimen organizado, pero también lo está a las políticas de estigmatización en perjuicio de la mujer y a la falta de educación con enfoque de género; lo cual
se refleja también en las conductas sexistas y homofóbicas de los cuerpos policiales y de la población civil en perjuicio
de los derechos de los homosexuales. El crimen
organizado constituye una situación grave pues
ha penetrado casi todas las estructuras de la sociedad y en parte es responsable de la corrupción policial y militar
y de los gobiernos. Hasta el momento no existe un planteamiento ni una política para cambiar esta situación.
El armamentismo en la población ha tenido un crecimiento acelerado, favorecido por las propias leyes, la
corrupción y el contrabando de armas. La falta de educación tanto en la población civil y del aparato represivo así como la
manipulación acerca de las causas sobre la violencia contribuyen a crear antivalores como la justicia por las propias manos
y a justificar leyes represivas propias de los estados fascistas, en los que la solución del
problema de la delincuencia es mediante el asesinato. Las ideas militaristas y de la justicia por las propias manos
están arraigadas en gran parte de
la población.
El otro fenómeno que ha tenido un gran impacto en la sociedad civil es el racismo, cuyos voceros principales
han sido algunos diputados del partido nacional y del partido liberal, particularmente en contra de los indígenas, los garífunas y afro-descendientes. Han ocurrido asesinatos de garífunas por parte de elementos
de la seguridad privada y de policías en Tela, Atlántida; represión y amenazas
a muerte contra los dirigentes lencas y chortíes,
en Intibucá, Ocotepeque y
Copán.
En materia de DD.HH cabe señalar el tortugismo y el racismo que ocurre cuando, a pesar de ser situaciones
injustas donde las personas encarceladas más bien son víctimas de los cuerpos represivos del Estado, estos hermanos y hermanas
después de haber sido objeto de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes pasan varios años en las cárceles tal como
ocurrió en los dirigentes lencas del COPINH que viven en la comunidad de Montaña
Verde.
Otro hecho común, según ha sido denunciado por las víctimas es
la colusión de las autoridades con los sectores poderosos locales que siembran el terror en las comunidades campesinas para
que abandonen sus tierras, como ha ocurrido con los campesinos de la comunidad Jardines de la Sierra, en el departamento de Colón, que fueron desplazados y encarcelados porque existen intereses
para apoderarse de sus tierras.
En materia ambiental tanto la seguridad privada como los cuerpos represivos son instrumentalizados para el
desalojo violento de las comunidades indígenas, garífunas y campesinas. Los ambientalistas que están contra la deforestación,
la contaminación minera son continuamente objeto de persecución, amenazas a muerte. La justicia ambiental tiene que ser articulada
a la lucha por los DD.HH.
Como lo expresa Franz J. Hinkelammert en La inversión de los derechos
humanos: el caso de John Locke.(artículo tomado de la revista Pasos 85; sept-oct 1999, pp. 20-35, editada por el Departamento
Ecuménico de Investigaciones (DEI), San José de Costa Rica). “Todos los países del Tercer Mundo tienen que rendir cuentas de su situación de derechos humanos a aquellos países
que, durante siglos, arrasaron con los derechos humanos en este mismo mundo. Estos países, que llevaron la tormenta de la
colonización al mundo entero, no aceptan ninguna responsabilidad por lo ocurrido, sino que más bien cobran una deuda externa
gigantesca y fraudulentamente producida a aquéllos. Es decir, las víctimas son culpables y deudores, y tienen que confesarse
como malvados y pagar incluso con sangre a sus victimarios”. Lo que actualmente se defienden en forma relevante son
los derechos de la propiedad, del mercado y de las empresas multinacionales. Así
Enrique Leff nos habla sobre la gobernalidad, desarrollo sustentable y la propiedad intelectual. Destacamos este pensamiento porque existe un divorcio entre las organizaciones de derechos humanos, ecologistas y movimiento popular, necesaria articulación para crear la lucha por la resistencia ante las políticas neoliberales y la creación
de un movimiento integral de resistencia para la creación de un mundo libre de violaciones a los derechos de los pueblos. En este mundo de violencia y de mercado de la globalización neoliberal no es posible el desarrollo sustentable y
sostenible integral y en consecuencia el respeto a la vida y la dignidad o sea
el respeto a los derechos humanos”.
Finalmente necesitamos una estrategia pedagógica y de comunicación que se ponga en el escenario y sobre todo
en la conciencia de los movimientos sociales a través de un lenguaje sencillo pero entendible no sólo para las comunidades
sino para los gobiernos.
Qué podemos hacer las organizaciones de derechos humanos:
·
Reflexionar sobre la nueva perspectiva de
los DD.HH., articulada a la justicia ambiental donde el mercado defiende sus derechos en función del crecimiento del capital.
Los derechos se violan en la mayor parte de la población local, nacional, regional
e internacional y la articulación de los mismos en el escenario de los conflictos bélicos y la economía política de la globalización
y las políticas depredadoras del medio ambiente.
·
Establecer alianzas o redes no sólo entre
las organizaciones no gubernamentales sino con el movimiento social, comunitario, étnico y popular; para poner en la agenda
de las organizaciones no sólo las reivindicaciones sociales sino el respeto a los DD.HH., a los que se les ha despojado de
la dignidad y la vida y de la justicia
ambiental.
·
Luchar por la aprobación justa de la ley
y el instituto penitenciario para humanizar las cárceles y lograr la rehabilitación y reinserción social de los privados de
libertad.
·
Estudiar a mayor profundidad las causas estructurales
de la violencia, la relación pobreza, género y violación de los DD.HH., y monitorear
la estrategia de la reducción de la pobreza.
·
Lograr que se fortaleza el Ministerio Público
y se articule a esta institución la Dirección General
de Investigación Criminal y que se fortalezca el CONASIN.
·
Desmilitarizar y depurar los cuerpos policiales
a través de mecanismos legales y morales.
·
Exigir transparencia en el manejo de las
compañías de seguridad privada y su relación con funcionarios del gobierno. No privatizar las cárceles y contribuir a transformar
las condiciones injustas.
·
Demandar la verdad sobres desaparecidos y
lograr la erradicación de la impunidad,
depurar el Ministerio de Seguridad de torturadores y agentes con antecedentes de violación de los derechos humanos.
·
Ampliar
nuestra visión y trabajo sobre los derechos colectivos de las comunidades.
·
Apoyar la implementación del Protocolo Facultativo contra la tortura (OPCAT).
·
Luchar contra la guerra y a favor de la paz.
·
Fortalecer la solidaridad internacional y
la articulación de la lucha por la justicia ambiental y los derechos humanos. Partir de lo local y vincularlo con la comunidad,
la nación la regio y en mundo entero
Tegucigalpa, septiembre. 2006.
