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Cuidemos nuestros ríos, sin ellos no viviremos.....

¿Por qué encarcelar las aguas y asesinar el rumor de los ríos?

                                                                             Juan Almendares

 

(I  Encuentro Nacional  en Defensa   del Agua y los Ríos, 

Por Nuestros Derechos y  Autodeterminación.   del 6 al 8 de julio 2006.

Organizado por Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).)

La Esperanza, Intibucá. 

Hoy bajo el techo verde de los árboles de La Esperanza, estamos reunidos hermanos y hermanas para fortalecer los vínculos con la Madre Tierra, con el agua y con nosotros mismos. Este día hermosamente histórico se siente vibrar la fuerza espiritual de la solidaridad que es el núcleo de la construcción del movimiento popular. Gracias por esta invitación fraterna de COPINH. 

Este encuentro comprende diferentes culturas, organizaciones de la resistencia y comunidades étnicas: lencas, mayas, chortís, tolupanes, misquitos, pech, tawakas, garifunas, nahuales y compañeras y compañeros de México, Norteamérica, Italia, Centro y  Sur América. 

Hemos sido convocados para defender la libertad  del agua; porque si las aguas no son libres tampoco lo seremos nosotros y nosotras. Cuando las aguas son encarceladas los ríos agonizan y también mueren los pueblos. Las represas son las cárceles del agua y las aguas que no se mueven se mueren y causan enfermedades. Es por esta razón que debemos luchar para que no se construya la represa gigante El Tigre, que asesinará sin duda las aguas y despojará de sus tierras y ríos a pueblos ubicados entre  Honduras y El Salvador. 

Necesitamos meditar y reflexionar críticamente acerca de la historia del agua que es la historia del sufrimiento de las culturas mesoamericanas: la primera mentira que nos enseñaron es que fuimos descubiertos por Europa siendo sin embargo que nuestros primeros antepasados sabiamente decían que venimos de las aguas y que se descubrieron así mismos.

Cuando contamos la historia nuestra nos damos cuenta de que durante la explotación colonial y neocolonial no sólo nos robaron el oro, la plata, el bosque y los animales y esclavizaron la cultura; sino que algo que siempre olvidamos es que nos han robado, perseguido, torturado, encarcelado y asesinado el agua. Porque para extraer y transportar  minerales, en el pasado y en el presente se ha requerido de este líquido. Miles de mujeres, niñas y niños han sido objeto de explotación por el acarreo del agua con el subsiguiente daño por utilizar aguas contaminadas al lavar la ropa y preparar los alimentos. 

¿Por qué se habla de asesinar el agua?; porque es una unidad viviente y sin ella no es posible que siga el ritmo, el ciclo vital del planeta. La cadena alimentaria que nutre plantas, animales y humanos  no puede existir sin la cadena hídrica; la esencia de esta última   es retroalimentada  por  la vida misma de los seres vivientes y por eso simplemente la vida es inseparable del agua 

Cuando el sistema  contamina  o encarcela el agua comete un crimen y por lo tanto asesina la naturaleza viva de este maravilloso liquido. Sin embargo este crimen ha permanecido impune durante siglos. Es parte de la deuda ecológica, moral y económica que tienen los países ricos con  Centroamérica y toda América Latina.  Es parte también de la violación a la soberanía alimentaria, a la dignidad y la autodeterminación de nuestros países. 

A veces nos olvidamos de que el cuerpo humano contiene más agua que tierra, de hecho si una persona pesa 60 kilos o sea 132 libras contiene en base a su peso corporal, de manera porcentual, sesenta partes de agua y cuarenta de sólidos (tierra)   o sean 36 litros de agua. Somos agua  y somos tierra.

     

Los campesinos y las culturas étnicas saben que la vida está ligada a la tierra y al agua y al despojarlos de estos elementos también se  asesina su cultura. El agua nos une históricamente en la opresión y en la liberación. Los enclaves bananeros  y mineros no se habrían enriquecido si no fuera a expensas del sufrimiento del agua y de los pueblos. La acumulación histórica del capital es también una acumulación de humillación, miseria, racismo,  genocidio,  guerras, hambre, pobreza y enfermedad. 

La codicia por el agua ha persistido por siglos y ahora es mayor con la globalización capitalista   que privatiza el agua, la salud y la educación. Hoy más que nunca cada uno sabe que el agua ha dejado de ser nuestra; se compra como   una mercancía que no es accesible para los pobres y los dueños del agua son las multinacionales. Ahora las empresas de los países ricos han puesto los ojos en el agua dulce de Centroamérica; porque ellos no tienen la biodiversidad y la riqueza ecológica del nuestra área. Planifican a corto plazo, tal como lo hicieron en África, para explorar o explotar las aguas del mar y utilizar los robots o muñecos electrónicos para extraer minerales del fondo del mar  sobre todo los estratégicos para la guerra y sus economías y de esta forma alteran profundamente los ecosistemas marítimos.

         Con este encuentro me siento fortalecido en esta tierra de esperanza donde está creciendo la unidad del movimiento popular, el rescate de la cultura, la resistencia  ante  la injusticia y la lucha por la liberación.

Ofrezco un abrazo fraternal a todas y a todos. Gracias por la solidaridad con Honduras y con El Salvador por parte de los países hermanos y gracias a COPINH por este hermoso encuentro que refleja la pujanza de un movimiento que no se arrodillará jamás ante los opresores. 

¡Viva la unidad del pueblo hondureño con el pueblo salvadoreño y con todos los pueblos del mundo!

 

Carta Pública

 

Abogada Mayra Mejía

Secretaria de Estado

en Recursos Naturales y Medio Ambiente

Honorable  Sra. Ministra

                   

 Respetuosamente, me dirijo a usted para tratar un asunto que concierne a todos los seres humanos del planeta. Apelo al derecho constitucional de petición y de ser informados; lo cual es fundamental para garantizar nuestros derechos civiles, políticos y los del  respeto a la vida.

 

Se trata específica y simplemente del agua,  líquido vital que cada día es menos nuestro porque se ha convertido en una mercancía que se torna cada vez más inaccesible para la mayoría de los hondureños y centroamericanos. Sin embargo, se ha transmutado en el oro de las multinacionales.

 

Entre los desafíos  para el presente gobierno está el acceso de los hondureños  a la cantidad y calidad del agua, tanto para el consumo humano como para la producción agropecuaria; porque al agua. como unidad viviente. se le tortura, envenena, encarcela y se le asesina, lo mismo que a los seres humanos, en los países centroamericanos.

 

El pueblo se pregunta ¿Cómo podrá la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) manejar más de trescientas licencias de exploración o explotación minera que se convertirán en el futuro en tres centenares de lagunas  muertas de cianuro en las que no existen peces, camarones y no se acercan  por sabiduría hasta los zopilotes.

 

¿Qué  puede hacer el gobierno cuando han sido cambiados históricamente los cursos de los ríos  con el objeto de favorecer a las empresas bananeras y mineras? ¿Cuando se ha despojado de las tierras y las aguas a las comunidades indígenas y campesinas con el resultado de generar cada vez más pobreza? ¿Por qué se sigue deforestando los bosques, las cuencas de los ríos  y los manglares?

 

¿Qué puede  hacer la SERNA ante la hecatombe diaria en contra de los árboles  por parte de las empresas madereras que violan impunemente nuestras leyes y asesinan la hermosura del cambio hidrológico con menoscabo de los manantiales y los ciclos respiratorios  del bosque, los animales y de los seres humanos?

.

¿Por qué  el gobierno  es tan excesivamente permisivo con el enorme secuestro del agua que realizan las industrias extractivas a base de cianuro?, ¿las mineras que secan el agua subterránea, los acuíferos y los pozos; dejando a los habitantes sin líquido para beber o  bañarse  con la consecuente proliferación de bacterias, parásitos y hongos en la piel y los ojos? ¿Por qué no  se incide en las causas y consecuencias que dejan a las personas sin cabello, con llagas en la piel y con daños  prematuros en la visión? ¿Acaso no se suma a esta situación desastrosa las cicatrices físicas y mentales que deja la contaminación por causa de los metales pesados?

Nuestros campesinos e indígenas siempre han creído que el agua, el aire, las piedras, el oro y los minerales son de un ser creador o superior; pero ahora el capital imperial y globalizador, articulado con sectores poderosos  nacionales y centroamericanos; se ha legitimado  mediante  los tratados comerciales como EL TLC como propietario del agua, el aire y de la tierra.

 

Según nuestra cultura las aguas son libres; y las aguas a las que no se les permite su natural movimiento o se encarcelan, se enferman o mueren. O se vengan de los malhechores cuando producen las inundaciones; o son criaderos de mosquitos  y por lo tanto de infinidad de enfermedades y dolencias.

 

En los países ricos también se encarcela a las aguas, sobre todo en las tierras que corresponden a las comunidades indígenas. Sin embargo las leyes obligan a las empresas a que informen a esas comunidades. Pero acá, en Centroamérica, los que dirigen las riendas del caballo del Estado están acostumbrados a obedecer al Norte y a irrespetar a las comunidades en cuanto al  derecho a la información y a la justicia ambiental.

 

Los presidentes de Honduras y El Salvador han anunciado la construcción de la represa El Tigre y no sabemos si antes de tomar la decisión consultaron a los cuerpos técnicos de los ministerios correspondientes. Por tanto, el irrespeto se extiende hasta a los propios funcionarios de un gabinete que no conocen  las decisiones sino de manera  post factum  o (literalmente) postmortem. El tigre que han escondido   se comerá a  los pobres para favorecer a las ricos y a las empresas multinacionales; va a desplazar a los pueblos con sus gente, sus iglesias y sus cementerios, como ya ha pasado antes de manera dramática; y la energía eléctrica resultante será más cara, como siempre sucede, y con ello sólo se va a fortalecer la acumulación histórica del capital.

 

El plan parece contener una diabólica metáfora donde  el tigre se alimentara con las carnes flacas y los huesos de las comunidades.  El agua encarcelada  se vuelva una mercancía, se transforma en dinero y se acumula en capital. Es un plan impuesto desde arriba  hacia abajo y de afuera hacia adentro. Nace en el Norte y lo va a sufrir el Sur.

 

Sra.  Ministra: ¿Quién hará o inventará o ya inventó  esos estudios de impacto ambiental que por lo general están hechos por técnicos que nunca han vivido en Centroamérica o desconocen nuestras realidades y cuyos salarios son  millonarios, tanto como el límite de la imaginación? ¿Cuántos millones costarán estos estudios? ¿Quién los pagará?

 

¿Por qué el gobierno  mantiene oculta la información técnica y social a las comunidades que siempre resultan afectadas? ¿No es acaso que las relaciones entre gobierno y comunidades deben ser horizontales, transparentes  y no autoritarias y antidemocráticas? ¿No es acaso que ocultar la información es también parte de la  corrupción? ¿Es posible que usted, señora. Ministra, tenga las mejores intenciones de informar pero no se le dado la autorización correspondiente o  no se le ha brindado la información para ponerla al alcance del pueblo? ¿O es que esta información es parte de la seguridad de los Estados aun cuando las empresa multinacionales ya la conocen antes que nosotros?

 

Según la Comisión Mundial de Represas son necesarios cinco principios para construir una represa: equidad, sustentabilidad, eficacia, toma de decisiones y responsabilidad. Sin embargo ninguno de esos principios se aplica en el caso de la represa El Tigre. No puede existir equidad en países que enseñan desvergonzadamente las tasas más altas  de la desnutrición, la violencia y la contaminación en América Latina. Ni mucho menos sustentabilidad; si cada  día las multinacionales se instalan para imponer políticas económicas que lo único que favorecen es el crecimiento económico de sus empresas.

 

Los beneficios de las represas son más bien maleficios y según la propia Comisión Mundial son más los daños que causan las represas que los beneficios. Los impactos en los ecosistemas son definitivamente  negativos y en la mayoría de los casos los daños son irreversibles y por lo tanto  no es posible mitigar.

 

En base a lo anterior, señora Ministra, estoy solicitando por su medio al Gobierno que  informe a las comunidades afectadas absolutamente todos los pormenores del proyecto de la represa El Tigre,  sobre todo el estudio acerca del impacto ambiental; y que se contesten todas las preguntas formuladas en esta carta. Por otra parte, permítame reiterar mi buena voluntad  y anhelo de la unidad de los pueblos hondureños y salvadoreños en la búsqueda de la justicia ambiental y no permitir que El Tigre se coma a sus comunidades. Por consiguiente, antes de que esto ocurra no debemos dejar crecer este proyecto y debemos pronunciarnos con toda la fuerza de las aguas limpias y libres  de toda cárcel, que defenderemos la vida, la cultura; la soberanía hídrica y la autodeterminación de los pueblos hondureño y salvadoreño hasta las últimas consecuencias.

 

Señora Ministra, la invitamos a que marchemos   unidos en un frente común para impedir que el agua y la energía eléctrica sean propiedad  del capitalismo anti humano.

 

En espera de su respuesta le saluda con las más altas muestras de respeto y alta consideración.

 

Juan Almendares

     

Juan Almendares 

Presidente del Movimiento Madre Tierra

Miembro de Amigos de la Tierra Internacional

y Oil Watch International


 

 

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¿Qué nos divide?; ¿el oro o la vida?

Juan Almendares 
 

    La situación minera ha polarizado todas las esferas de nuestra sociedad centroamericana.  El estado, las iglesias,  los grupos ecologistas, las organizaciones no gubernamentales (ONG), la industria y empresa privada; el movimiento social, la sociedad civil, el movimiento popular y hasta las comunidades de resistencia a la industria minera. Es curioso que un rubro que apenas llega al 3% del Producto Interno Bruto y que no es vital para las economías centroamericanas tenga tanto poder para dividir los grupos sociales. 

 Existen tres posicionamientos. La primera a favor de la minería; la segunda, que reconoce algunos daños de la industria minera pero que no se pronuncia por la derogación de las concesiones, ni de la ley; y la tercera que es la que está definitivamente en contra de la industria minera multinacional. 

     Analicemos cada una de estas posiciones. Los que están a favor de la industria minera multinacional tienen como objetivo principal el crecimiento económico acelerado y la acumulación histórica del capital lo que, en este caso específico, se traduce en enriquecimiento consuetudinario de minorías sociales dominantes, poderosas y gobernantes; y en detrimento del patrimonio impositivo fiscal, de la riqueza del subsuelo y de los intereses de las comunidades y del país en general. Porque, en efecto,  tanto a las compañías como a sus defensores y adláteres les importa un comino la salud de los seres humanos y de la madre tierra. Para lograr sus fines, crean sus propias leyes;  corrompen a funcionarios, alcaldes y diputados y hasta a las propias comunidades, que se ven reflejadas de improviso en una falsa y efímera bonanza. Utilizan todos los mecanismos de persuasión y propaganda para promover una industria “limpia” que supuestamente garantiza el progreso, aunque tenga una vida corta; secuestran el agua de las comunidades y dejan excavaciones profundas y lagunas muertas. Hacen caso omiso de la historia de los desastres y enfermedades que han ocasionado y que pueden tener impacto aun después de un siglo.

     

     La segunda posición critica a la industria minera y trata de corregirla en el marco de la ley que ha creado la propia industria; pero no toma posición frente a la derogación de las concesiones. Parte del hecho de que hay que consensuar con la industria minera y llegar a acuerdos comunes, con lo que se garantiza, esta vez sí, el privilegio y la canonjía. Respeta la ley del capital y está en contra de las movilizaciones sociales porque  considera que todo se puede resolver mediante el diálogo con la empresa y con los diputados. No obstante que esta posición puede tener aspectos positivos no es antisistema, hace caso omiso de la historia y estima que  es posible lograr una industria minera limpia  basada en la  ética lo cual históricamente y en todos los países donde se implementa la industria con esas premisas ha resultado en fracaso para el bien común.

     

     La tercera posición toma conciencia de la historia tomando en cuenta las aberraciones que tienen que ver con el racismo, el esclavismo y el saqueo de los recursos; la enfermedad y la muerte, que ha ocasionado en nuestros pueblos la industria minera. Esta posición señala claramente que la vida y el ambiente no son una mercancía. Parte del contexto de la realidad injusta de las concesiones  bochornosas; de una ley que se fundamenta  en el desarrollo y acumulación de la riqueza para las minorías con evidente menoscabo de un desarrollo nacional sostenible. Denuncia las violaciones a los derechos humanos de las personas y comunidades donde existen los enclaves mineros. Plantea la derogación de la ley minera y de las concesiones porque son vergonzosas y reflejan las violaciones más profundas a la soberanía alimentaria, a la dignidad y al respeto a la vida. Aboga por la creación de una ley que sea ampliamente discutida con el pueblo, con los sectores técnicos científicos y con la comunicación social. Propugna porque las comunidades sean escuchadas en sus planteamientos y es partidaria de   que se vayan las empresas  mineras  del país; puesto que  no producen bienestar alguno  ni mejoran  la calidad de vida ni respetan la cultura de nuestros pueblos.

     

     Las movilizaciones de las organizaciones indígenas, campesinas, populares y ambientalistas que ocurrieron en Honduras en el mes de julio pasado son un reflejo del rechazo  de las comunidades a la industria minera. Merece destacarse que el obispado del occidente de Honduras  que comprende Copán, OcotepequeIntibucá,  y Lempira, conducido por Monseñor Luis Alfonso Santos, se ha caracterizado por un trabajo comunitario basado en la defensa de la vida y del ambiente, en el respeto a los derechos humanos; y por interpretar el clamor de justicia de las comunidades.  

     En forma valiente y digna Monseñor Santos  se ha expresado por la derogación de la ley y las concesiones mineras. Ha logrado establecer el diálogo entre pueblo y gobierno para que sea escuchado el planteamiento de las comunidades relacionadas con la resistencia a la minería, los derechos de los pueblos indígenas y de los campesinos; y ha tomado conciencia  además del rechazo a la construcción de la represa El Tigre y por la defensa de los derechos de la clase trabajadora. 

     La resistencia a la minería en Centroamérica  se ha reflejado en  cuatro municipios de Huehuetenango (Guatemala): San Juan Atitán, Colotenango, Concepción Huista y Todos Santos. Haciendo uso de sus derechos establecidos en las leyes de ese país y del Convenio 169, realizaron el día martes 25 de Julio del 2006,  la “Consulta de los Pueblos”, un rechazo rotundo a la actividad de minería de metales en más de 80 comunidades. El resultado de esta consulta será avalada por las alcaldías respectivas declarando por acuerdos municipales el derecho de los pueblos a decir NO a cualquier licencia de minería de metales, ya sea de reconocimiento, exploración o explotación. El proceso de consulta contó con la presencia de aproximadamente 300 observadores nacionales e internacionales. 

     Los  hermanos(as) guatemaltecos aprendieron la lección de nuestros compatriotas hondureños de La Labor, Ocotepeque, que no permitieron la instalación de una industria minera y además, después de comprobar la situación de sufrimiento, daños   a la salud y al ambiente que han ocurrido en San Andrés Copán y en  el Valle De Siria de Honduras y en la propia explotación minera en Guatemala, llegaron a la sabia decisión de pronunciarse en contra de la industria minera. 

     Las comunidades en resistencia tienen no sólo sabiduría sino el coraje de luchar contra las leyes injustas  y concesiones  mineras anticonstitucionales, que son producto de la corrupción de las clases gobernantes.  La movilización social, no debe escandalizar a los gobiernos y a los seguidores de la industria mineras ya que constituye la  forma legítima  de ejercer la soberanía popular y está garantizada como derecho inalienable por la Constitución de la República. 

     Hoy más que nunca necesitamos unir a todos los sectores del pueblo hondureño y centroamericano. Se requiere de la  definición y la  práctica; de la ética  y la moral liberadora de los pueblos; de la verdad y la historia sobre quién nos divide: el oro  o la vida.

     Tegucigalpa, agosto, 2006.     

    
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